Amnistía fiscal y modelo 720: una chapuza sin responsables

El pasado 27 de enero de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) dictó sentencia sobre el polémico modelo 720, relativo a la obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero, y su régimen sancionador. Durante estos días, mucho se ha escrito sobre esta noticia. Pues bien, de la lectura de los numerosos artículos publicados, cualquiera puede llegar a la conclusión de que ya desde la aprobación de la normativa aplicable era evidente que algo fallaba, que se estaban vulnerando una serie de principios básicos en cualquier ordenamiento jurídico, de tal manera que, al igual que en el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, la sentencia del TSJUE no hacía más que finalizar un proceso que, ya desde sus inicios, se sabía cómo iba a concluir. Inmediatamente después de conocerse esa sentencia del órgano de justicia europeo, la actual titular del Ministerio de Hacienda afirmó que se procedería a modificar la normativa y cifró en 230 millones de euros el importe máximo que tendría que devolver Hacienda. Dejando a un lado esta cifra, que probablemente será superior a esa cantidad, no debemos olvidar que los daños ocasionados con la aplicación del modelo 720 son de muy distinta índole y no terminan en las cuantías económicas. Por parte del Estado se han perdido miles de horas de trabajo de los funcionarios de la Agencia Tributaria, de los Tribunales económico-administrativos y de los Tribunales de Justicia; por parte de los contribuyentes, además de los quebrantos económicos que les ha ocasionado, no olvidemos los de tipo moral, y es que, como se suele decir, «pleitos tengas y los ganes”. Para la Administración Tributaria este desgraciado suceso que ha resultado de la aplicación del modelo 720, tal como fue concebido en 2013, supone también un coste en su prestigio, lo mismo que para determinados colectivos de funcionarios, más concretamente para los inspectores de Hacienda, hacia quienes se han lanzado los dardos más afilados en el caso que nos ocupa, como si el poder legislativo y el ejecutivo en materia tributaria lo detentaran ellos. Por no hablar de lo desolador que resulta para el ciudadano de a pie comprobar que determinados personajes públicos, especialmente poderosos, van a ser los más beneficiados por esa sentencia, más aún cuando todavía no se ha olvidado que muchos defraudadores se beneficiaron de la amnistía fiscal, aflorando su dinero negro a un módico precio. Ello resulta especialmente llamativo si se contrasta con la severidad con la que es tratado el pequeño contribuyente. Lo curioso es que parece que nadie va a asumir responsabilidad alguna por semejante chapuza: el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sus asesores, el Parlamento que en su momento aprobó dicha normativa, porque ya no están; la actual titular del Ministerio de Hacienda, que lleva en su puesto desde 2018, pero que tampoco hizo nada al respecto. Imagino que será de la opinión de que » todo es culpa del PP «, por lo que más que responsable, pensará que su condición es la de víctima. Si ya es grave esa falta de responsabilidad por parte de nuestros políticos, más preocupante es lo que pone de manifiesto la aprobación de este tipo de normas en las que prima la consecución de un objetivo (que puede ser loable, como entiendo que lo es la lucha contra el fraude fiscal), pero sin importar los medios que se utilizan para ello. La ley que reguló el modelo 720 es una más de ese conjunto de normas, así como de actuaciones administrativas que ponen de manifiesto que determinados poderes del estado se encuentran imbuidos del utilitarismo propio del derecho anglosajón, en el que todo vale, pero que es tan contrario a la tradición jurídica española. La Inspección de Hacienda necesita que se la dote de herramientas adecuadas para luchar contra el fraude fiscal, pero no así. El modelo 720 ideado en 2013 era un arma poderosa pero desproporcionada, y, por tanto, injusta y contraria a la seguridad jurídica, como lo ha dictaminado el Tribunal Europeo de Justicia. Sin embargo, los verdaderos responsables de semejante chapuza, o bien no están o, si están, ya miran para otro lado. P.S. Acaba de anunciarse que va a modificarse el modelo 720 pasando a ser de aplicación la regla general, tanto en materia de prescripción (cuatro años) como en relación con las sanciones. Es decir, aquellos comportamientos que para el PP eran especialmente graves, ahora, para el PSOE, parece que no lo son tanto. El mundo al revés.