El control del gasto público: las cuentas claras

El Congreso acaba de dar hoy  luz verde a un techo de gasto en los Presupuestos que ya se preparan para el año 2023 de 198.221 millones de euros y al hilo de esto, no sé ustedes qué pensarán si les digo que creo que la mayoría de los ciudadanos estarían de acuerdo conmigo en que les gustaría que sus impuestos se utilizaran correctamente. A veces parece que nos dé todo igual, pero lo cierto es que en una reflexión sosegada seguro que estarían conmigo.

Sobre esta cuestión y otras trató la encuesta del CIS sobre Opinión Pública y política fiscaldel pasado 5 de agosto, en la que se preguntaba sobre el gasto público, los servicios públicos recibidos, o la justicia con la que se pagan impuestos… entre otras. Unos datos analizados por nuestro compañero Pablo Grande Serrano, cuyo magnífico y detallado hilo en Twitter les invito a leer y tratados también en esta tribuna de opinión: El CIS, el fraude fiscal y la moral tributaria

El artículo 32 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, define los Presupuestos Generales del Estado (en adelante PGE) como “la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal”. Para los de la LOGSE, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el documento en el que se recoge la previsión anual de los ingresos y gastos del sector público estatal.

En las tertulias de Tributos y Vino solemos tratar temas relacionados con los impuestos que son una de las fuentes principales de los ingresos que nutren nuestros PGE. Sin embargo, en este programa quisimos centrarnos en la parte del gasto público y en concreto en el control del mismo.

Les corresponde a los políticos que elegimos cada cuatro años decidir cómo gastar las partidas de ingresos de nuestros PGE, pero la opinión pública debe de poner un mayor foco en la fiscalización que se realiza de estos gastos. No solo nos debe de importar cómo financiar nuestras cuentas públicas sino también destinar estos recursos de la mejor forma posible para conseguir los objetivos de gasto marcados.

En esta tarea tan interesante como alejada del debate diario contamos con herramientas como los órganos de control ex post, el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dos grandes profesionales de estos órganos como son Alfredo Campos Lacoba y Santiago Martín Nájera nos acompañaron en esta tertulia y nos explicaron las tareas que realizan para garantizar que los ingresos públicos se destinen a los fines convenidos.

Resulta muy interesante que más allá de los informes financieros que se elaboran en estos órganos se efectuaran informes operativos que evaluaran la eficiencia de gasto y también si los citados gastos han conseguido los objetivos perseguidos, o si se pudieran plantear otras alternativas. Nuevas herramientas como los behaviorals insights o perspectivas conductuales, que permiten incidir sobre la eficiencia del gasto público, son campos en los que se puede avanzar para mejorar el control del gasto público y concienciar a la sociedad y a nuestros políticos que los PGE son de todos y por ello debemos prestar especial interés en su buen funcionamiento.

Hay que tener muy presente que la legitimidad para poder exigir tributos a la ciudadanía descansa en el empleo adecuado de los recursos públicos. El nivel de exigencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias debe trasladarse igualmente a los encargados del diseño y ejecución del gasto público. Es en esta última tarea donde estos órganos de control desempeñan un papel fundamental. Deseamos con programas como el nuestro y los temas que en él tratamos de que el oyente reflexione sobre estas cuestiones y quizás podamos contribuir con nuestro pequeño grano de arena a la tarea de concienciar a la sociedad que la cuestión de la eficiencia del gasto público tiene un gran margen de mejora.

Juan Faus Ballester, Inspector de Hacienda del Estado