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Democracia fiscal

Como todos los años, el Gobierno ha remitido al Parlamento el proyecto de Presupuestos, iniciando lo que ahora mismo es más un mercadeo que un verdadero debate de sus números, donde partidos políticos minoritarios cambian su apoyo por un plato de lentejas en lugar de examinar si el gasto se está dirigiendo allí donde más lo requiere el ciudadano.

En los Presupuestos está la génesis histórica del parlamentarismo: las Cortes medievales se reunían, precisamente, para autorizar a la Corona la percepción de ingresos concretos con los que atender a necesidades de gasto que se especificaban en el presupuesto. Como estudiábamos en la oposición, en el siglo XIX se produce la denominada “bifurcación del principio de legalidad presupuestaria”, dotándose a los impuestos de permanencia, independientemente de los gastos a financiar, manteniendo éstos el carácter anual en los Presupuestos.

Sin duda los Presupuestos marcan uno de los ejes fundamentales de la actuación de los distintos Gobiernos de la nación, pues a través de los mismos, al menos teóricamente, se marcan las prioridades de la acción de gobierno, con la aprobación de diferentes partidas de gasto para cada una de las distintas áreas de actuación pública: se les otorga una mayor o menor relevancia en función de los fondos que se les destinan. Decimos teóricamente porque grandes partidas de gastos, de hecho, una inmensa mayoría, son “gastos comprometidos”; esto es, gastos que derivan de obligaciones legales establecidas para el Sector Público, como las pensiones, las remuneraciones de los funcionarios, o el pago de la deuda pública, y no son alterables sin una modificación de las normas de base de las que derivan.

Es habitual ver en los programas de los partidos políticos, ante las elecciones, diversas propuestas sobre los ingresos tributarios, algunas de carácter bastante concreto, como subir o bajar el tipo del Impuesto sobre Sociedades o el IVA, o aplicar una tarifa con X tramos en el IRPF, aunque nunca nos dicen qué resultado tendrá en los gastos la modificación que proponen.

Es notable el abandono que el gasto público tiene en los programas electorales. Seguro que, leyendo esto, habrá quien pensará que lo que digo no es cierto y rescatará propuestas tales como las de incrementar el gasto social, incluso propuestas concretas como impulsar el AVE a un lugar determinado o mejorar el puerto de un lugar. Pero lo bien cierto es que esas son promesas genéricas, bajo una denominación no técnica, y que bajo la rúbrica genérica de gasto social se pueden esconder orientaciones políticas tan dispares como apoyar a las familias numerosas o favorecer el control de la natalidad, por poner un ejemplo. Las otras, aunque concretas, no dejan de ser, en muchos casos, “guiños” localistas o pequeñas migajas comparadas con la magnitud del presupuesto, en la dirección correcta, al menos a mi juicio, pero muy poco para la intensidad del control ciudadano que debería existir sobre el presupuesto.

Afirma la Hacienda Pública que el proceso político legitima el gasto público y que, además, las distintas orientaciones en este campo ofrecen recompensa y castigo a los políticos en las votaciones siguientes.

Desgraciadamente, aunque así debería ser, no es lo que percibo yo. Creo que los ciudadanos deberíamos exigir mucha mayor explicación sobre el gasto público, en general, y que, además, en particular, deberíamos exigir una mucha mayor capacidad de decisión en relación con el gasto público.

Veo con envidia como algunos países han planteado referéndums nacionales para adoptar grandes decisiones que afectan de forma importante al gasto público durante varios años, como Suiza, que en los últimos años ha rechazado la posibilidad de aplicar una renta vital básica pero, en cambio, ha aprobado comprar nuevos aviones para sus fuerzas armadas, todo ello ratificado por la ciudadanía directamente.

El Ayuntamiento de mi ciudad, Valencia, ha desarrollado una aplicación por la que los ciudadanos podemos elegir entre varios proyectos alternativos, una propuesta que me parece muy positiva. Es un primer paso, aunque limitadísimo, pues es el gobierno local el que ofrece las alternativas a elegir y no los ciudadanos; son, desde luego, proyectos mínimos comparados con la magnitud del gasto del Ayuntamiento; y ni siquiera acaba de ser vinculante para ellos la elección ciudadana. De hecho, la mayoría de lo propuesto son actuaciones geográficamente localizadas que parecen buscar el peso relativo y la movilización de un barrio frente a los demás. Pero es un paso adelante…

Creo que aunque no sea simple, la sociedad de la información permite que los ciudadanos podamos elegir y decidir en relación con la política de gasto. No resulta conveniente esta propuesta al político, que prefiere someterse al proceso electoral cada cuatro años y después actuar según su voluntad, invocando el peso de voto que tiene detrás, aunque ni siquiera haya planteado al reclamar el voto que es lo que iba a hacer, no ya en cada decisión de gasto, ni siquiera en las esenciales. No solo eso, cuando se nos presenta la oferta electoral, los ciudadanos nos vemos forzados a elegir la que juzgamos menos mala de las opciones, pero eso no quiere decir que sigamos a pies juntillas todo lo que propone un partido. Puedo elegir a un partido para gobernar, porque sus directrices se corresponden mejor con lo que pienso más positivo para la nación, pero puedo pensar que ante una opción relevante de gasto lo que está proponiendo otro partido resulta más conveniente para la ciudadanía.

Charlando con compañeros, personas formadas y perfectamente conscientes de cuanto planteo, oigo a menudo que afirman que son partidarios de un mayor o menor gasto público o de mayores o menores impuestos. Como les respondo siempre, esa afirmación es vacía y de hecho, tan estúpida, que es digna de un político pero no de un experto en materia tributaria. Puedo entender que alguien opine que el gasto en infraestructuras o en proyectos de investigación médicos necesita ser incrementado; mejor aún si además se completa identificando otras partidas de gasto que deben ser reducidas para realizar tal gasto o que debe financiarse elevando el tipo del IVA, lo que es una opinión presupuestaria concreta, acertada o no, pero atendiendo a la realidad básica que nunca debemos perder de vista: todo el gasto que hace el Sector Público procede, esencialmente, de los fondos que detrae de los ciudadanos, casi siempre de forma coactiva.

La democracia se ha demostrado y sigue siendo, con diferencia, el mejor de los sistemas políticos, pero es mejorable. Cuanto mayor capacidad de decisión se nos otorgue a los ciudadanos, cuando mayor sea la posibilidad de trasladar nuestra opinión, no solo votando cada cuatro años, mejor será el sistema democrático. Cuanto más controlado esté la intervención del representante político y más se ajuste a lo que quieren los ciudadanos y no a lo que él dice que quieren, más perfecto será el sistema. El presupuesto, como instrumento de ordenación del gasto, generó el sistema parlamentario; justo sería que sea también una de las áreas donde el ciudadano vuelva a tomar el control de la “cosa pública” y donde las nuevas realidades del mundo de la información permitan hablar al ciudadano con su propia voz.

Javier Bas Soria

Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho.

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