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Derecho a la información versus presunción de inocencia

Hace pocos días nos desayunamos con la impactante y, a mi modo de ver, peligrosa  práctica de  la publicación de una noticia en un diario digital de la querella contra algunos funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) a los que se acusaba de falsificar pruebas en un procedimiento inspector. Como inspectora, este hecho no me pasó desapercibido. Sin embargo, la noticia, para mí, no fue que hubiese una querella contra dos o tres inspectores. La noticia fue que a dichos inspectores, compañeros míos, se les identificaba con nombres y apellidos. Por un minuto, traté de ponerme en la piel y los zapatos de estos compañeros cuyos nombres habían estado señalados. Señalados justa o injustamente, eso se verá y se dirimirá en el futuro en alguna corte judicial. Pero, por el momento, ahí estaban sus nombres, en lo que a mi modo de ver, es un claro atropello a nuestro sistema administrativo y judicial. Un atropello a nuestros derechos y garantías como trabajadores. No voy a entrar aquí a debatir sobre si los funcionarios de la AEAT hacemos o no bien nuestro trabajo. Como en todos los trabajos, habrá de todo y, por supuesto, no estamos exentos de cometer errores, ya que no somos infalibles. Puede incluso que haya funcionarios malintencionados que incumplan a sabiendas el ordenamiento jurídico. Quiero pensar que esto es la excepción, y así parece desprenderse de años y años de trabajo honrado y cabal de cientos de inspectores y técnicos. Lo que no es cabal es el atropello a que estos compañeros se han visto sometidos por el supuesto derecho de información de un medio de masas. Hasta ahora y hasta donde sé, todos gozamos de presunción de inocencia, y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es por esta razón por la que deduzco – intuyo – que los medios “serios” utilizan siglas para citar a presuntos delincuentes. Sin embargo, este diario, saltándose esta norma de ética profesional, y quizá alguna más que desconozco, ha hecho un uso abusivo de la libertad de información, atentando contra el buen nombre de personas concretas, y contra el nombre de una profesión y una institución. A raíz de dicho artículo, algunos de nosotros hemos escuchado comentarios negativos contra nuestro cuerpo, comentarios de gente “de la calle”, público en general, que da por buena una información antes de que nadie haya sido juzgado, solo porque ese alguien ha sido objeto de una demanda o querella. Entiéndanme: acusar es gratis. Pero los efectos de una acusación no lo son. El derecho a la información no es o no debería ser ilimitado, al menos a mi entender, sobre todo cuando choca con el derecho a la presunción de inocencia. Y en ocasiones, como la del caso que nos ocupa, tengo la sensación de que ese derecho se ha ejercido de manera malintencionada en lo que parece un claro ejemplo de ataque a la AEAT, a algunos de sus funcionarios en especial, y a los inspectores de hacienda, en general. Vivimos en la era de la información, de la inmediatez y de paso, de la impaciencia, donde todo sucede a toque de YA, aquí y ahora. Soy consciente de que si alguien es inocente hay un sistema judicial que lo defiende, pero, señores…¡¡A qué coste y, sobre todo, a qué ritmo!! Nuestro sistema judicial es lento e imperfecto. Cuando al final de un larguísimo proceso llega la sentencia, ya nadie se acuerda del caso, y sobre todo de ciertos casos cuya importancia es escasa. Y si esa sentencia es absolutoria, como no dudo que lo será en el que nos ocupa  el   asunto queda olvidado, pero el daño inicial queda hecho a golpe de pluma o tecla, rápida, ingrata e inconsciente, de quienes solo quieren “vender periódicos” en lo que considero que es una nefasta praxis de la profesión periodística. Como me dijo una amiga periodista, creo que estamos perdiendo todos los límites de mesura por un “clic”.

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