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El «ciudadano Capeto»

 

Los sistemas de acceso a la función pública, aunque imperfectos, son sistemas que han acreditado un notable grado de éxito y un mínimo coste para la sociedad en concepto de preparación y selección.

Por lo general, los reclutadores disponen de herramientas muy limitadas para valorar la aptitud o la competencia de un candidato. Así, el sesgo de nivel educativo utilizado en las empresas privadas no se incorpora tanto por el propio nivel educativo del candidato sino por la señal que envía al entrevistador el esfuerzo en términos de dinero y tiempo invertidos por el candidato en su propia formación. De tal manera que, si un candidato dispone de un MBA en la Universidad de Yale, está más que probada, bajo la óptica del entrevistador, si no su competencia, al menos sí su compromiso.

Sin embargo, el común de los ciudadanos no dispone de tantos instrumentos para poner de manifiesto sus habilidades innatas o adquiridas. Es difícil enviar una señal a un mercado laboral raquítico y en el que los títulos universitarios sufren una devaluación galopante, acorde, contrariamente, con la formación de nuestras clases dirigentes. De ahí que demostrar conocimientos varios a través de distintos exámenes garantice que todo aquel que quiera esforzarse (invertir tiempo en forma de estudio), pueda demostrar su valía en igualdad de condiciones con los demás candidatos y, por lo tanto, enviar esa señal de idoneidad que necesita el reclutador.

Este sistema de acceso, aunque acostumbrados a él, se configura, aún hoy, como un método bastante revolucionario, ya que permite acreditar no sólo conocimientos, sino, sobre todo, aptitudes fundamentales para el desempeño de un puesto de trabajo. Tras la carrera de fondo que constituye la oposición, el candidato que aprueba, ha demostrado un fuerte compromiso con las metas propuestas, una acusada capacidad de sacrificio y una cierta vocación de servicio público. Actitudes y aptitudes probadas más que deseables para los puestos clave de la Administración.

Pero su halo revolucionario no acaba ahí, este sistema abrió la puerta de acceso a los puestos directivos a muchos hijos de trabajadores de las clases populares. Ellos no podían costear largas estancias en universidades extranjeras, sin contactos, tenían un más complicado acceso a empresas de prestigio, así pues, la vida les arrojaba a puestos subalternos en el mejor de los casos. La carrera del opositor era una ventana para un mundo con más posibilidades. En ella no había que acreditar apellidos de renombre, redes de contacto u otras ventajas socio económicas que sólo una posición social acomodada podría proporcionar. En ella el esfuerzo, la capacidad de lucha era lo que se valoraba.

Parece que presenciamos los últimos días de este meritocrático sistema. La reforma no encuentra una fácil justificación, ni en términos de eficiencia, ni en términos de equidad.

Introducir la evaluación de nuevas competencias en los procesos selectivos relegando la calificación de los conocimientos a un papel secundario dará lugar a resultados contrarios a los perseguidos: incompetencia, nepotismo y finalmente corrupción. Vease:

En un primer momento, todo ello se disfrazará con unas convocatorias altisonantes en el BOE que aludirán a competencias comunicativas, habilidades psicolingüísticas, visión espacial y razonamiento lógico y abstracto. Pero lo cierto es que, al final, si los Departamentos de RRHH de las empresas privadas –  altamente profesionalizados –  ya encuentran muchísimas dificultades en la valoración de tales variables, dejándose guiar por sesgos como el ya aludido cuando no peores (de proyección o pertenencia), en la selección de los candidatos mejor preparados, no digamos unos funcionarios que aleatoriamente (en el mejor de los casos) y de forma voluntaria deciden participar como miembros de un Tribunal calificador. Para entendernos, aficionados en la evaluación de tales competencias. Más miedo aún provoca la alternativa de un Órgano de RRHH especializado y dependiente directamente del Gobierno.

Otra posible vía de reforma podría venir dada por la valoración de la experiencia profesional previa. Sin embargo, llevar mucho tiempo desarrollando tareas en áreas operativas no tiene que ser sinónimo de estar cualificado para desempeñar un puesto directivo. Incluso, aun cuando el desempeño haya podido ser sobresaliente, el empleado no ha querido o no ha podido acceder a ese bagaje superior de conocimientos que todo directivo debería abarcar para una visión más plena y de conjunto. Un aparejador con 30 años de ejercicio de su profesión podría encontrarse capacitado para continuar su carrera profesional como arquitecto, pero ese salto requeriría la acreditación de unos conocimientos sin los cuales su desempeño sería deficiente e incompleto.

En cualquier caso, si el funcionario del subgrupo inferior dispone de capacidades directivas, es más que posible canalizar su ambición profesional a través del actual sistema de promoción interna, que permite poner de manifiesto al reclutador esa señal en forma de esfuerzo adicional que le diferenciará del resto de compañeros de su subgrupo que no han querido realizarlo. Y de paso, adquirir los conocimientos necesarios para que su desempeño sea lo más eficiente posible.

Por último, no es posible descontextualizar la reforma que trata de implementar el Gobierno de la tendencia a la infra capacitación y minusvaloración del esfuerzo que viene sufriendo el Sistema educativo en todas sus etapas. La excelencia no es una virtud al alza, más bien denota cierta inclinación hacia el individualismo, cuando no desprecio hacia quienes se niegan a sacrificar su situación presente por un futuro mejor incierto. Someter a los altos funcionarios a pruebas cuya realización supone un gran esfuerzo resulta contradictorio con los valores educativos actuales. El argumento se confirma desde el momento en que el principal promotor de la reforma no sólo no pertenece a ningún cuerpo de funcionarios, sino que no finalizó sus estudios universitarios. En Francia, la ENA, institución caduca y elitista, fue clausurada por un enarca, en España el Sistema de acceso al empleo público, basado en la igualdad, el mérito y la capacidad, se adulterará sin ni siquiera una mera audiencia a los principales afectados.

El acceso a la función pública, además de ser un ascensor social, está abierto a todos los ciudadanos, ampliando las fuentes de extracción de los profesionales más cualificados y facilitando su concurrencia a la selección de los mejores. Equidad y eficiencia. Hacer depender ese ascensor social de la arbitrariedad de un Consejo de sabios determinará que los elegidos sean de la afinidad subjetiva del reclutador, cuando, sin ningún parámetro objetivo, no haya otra forma de valorar infinidad de candidatos con un perfil similar en busca del sueldo de Nescafé.

Lo que decíamos: te permito la entrada a condición (corrupción); accedes por ser quién eres (nepotismo); y, en todo caso, entras, aún sin merecerlo (incompetencia).

Ángel Escudero Martín. Inspector de Hacienda del Estado 

 

 

 

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