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El desprestigio como base del cambio en los procesos de selección de la función pública

Hace aproximadamente tres años, empezaron a escucharse diversas noticias acerca de los sistemas de selección del funcionario público, especialmente los referidos a los cuerpos superiores de la Administración General del Estado y a los cuerpos superiores de la Administración de Justicia.

En el caso de algunas comunidades autónomas parecía que la noticia se concretaba en pruebas específicas que se centraban, fundamentalmente, en “democratizar” las élites funcionariales. El resto de funcionarios seguimos esperando como agua de mayo que el comité de expertos creado en el seno del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el año 2020, y que emitió unas orientaciones sobre los sistemas de selección en mayo de 2021, haga público su dictamen final sobre lo que tiene pensado hacer con estos procesos selectivos. Todo parece indicar que quieren hacer dichos cambios sobre la base de dos objetivos fundamentales, que se centrarían en procurar una reposición de los funcionarios que se están jubilando y en terminar con la supuesta falta de “democratización”, que tildan como una de las principales amenazas de nuestros sistemas selectivos.

Frente a algunas de las opiniones vertidas públicamente, algunos cuerpos superiores de la AGE, entre los que estamos los Inspectores de Hacienda del Estado, dimos a conocer nuestras consideraciones mediante un comunicado en octubre de 2021, al que se unió también Fedeca, la federación que aglutina a más de 40 cuerpos superiores, y en el que se hacía referencia a la necesidad de respetar una serie de “líneas rojas” en dichos procesos selectivos.

En una sociedad como la nuestra, que vive en democracia, debería tenerse en cuenta la opinión del “pueblo”, y, en cualquier caso, de los que pueden quedar “afectados” por determinadas tomas de decisión o proyectos normativos. Para eso existen diferentes mecanismos cuya explicación no voy a dar aquí por no aburrir al lector, pero a éste le resultará evidente pensar que en nuestros tiempos las decisiones políticas de calado se tomen contando con los implicados. Tristemente, en este asunto no se nos ha invitado a participar, por lo que esa “democratización”, al menos por esta parte, no se ha llegado a producir nunca y no será por no haberlo intentado en reiteradas ocasiones.

Ante esto, acogemos las noticias y declaraciones que se vienen escuchando con bastante decepción y desconcierto porque, desgraciadamente, creemos que en ese proceso de cambio de los sistemas de selección no se han tenido en cuenta una serie de cuestiones fundamentales:

En primer lugar, que en los procesos selectivos no se trata de pensar en el que elige sino en el que será seleccionado, que debe serlo no sólo teniendo en cuenta la cantidad sino la calidad. Somos conscientes de que hay un problema, no generado por nosotros, en la cobertura de la tasa de reposición, pero ello no es excusa para hacer cualquier cosa o trasladar modelos sin ton ni son, que pueden funcionar en unos Cuerpos, pero no necesariamente en otros, con la finalidad de aprobar a una gran masa de gente introduciendo cambios en los exámenes que serán “más fáciles de corregir”, sobre la idea de que, además, estos exámenes serán menos impugnables.

Con el respeto que me merece cualquier opinión bienintencionada, que me consta que la hay, creo que es importante recordar que, sobre la base de esa misma propuesta, podríamos decir que es mejor que un inspector de Hacienda no dicte una liquidación tributaria cuando sospeche que el contribuyente la va a recurrir.  Por ese camino nos quedaríamos sin ingresos públicos.

En segundo lugar, los procesos selectivos que han venido funcionando hasta la fecha lo han hecho captando talento, o eso esperamos los que estamos dentro, porque sería muy decepcionante que, después del enorme esfuerzo y dedicación empleados en el estudio de una oposición, los que nos han seleccionado nos dijeran ahora que no somos lo suficientemente válidos. Ojo que, en cualquier caso, el problema aquí sería del órgano seleccionador, que torpemente (dicho con ironía) llevaría insistiendo muchos años en este tipo de sistemas para seleccionar a su personal.

En tercer lugar, nunca puede compararse un proceso de selección privado con uno público, porque nosotros no somos una empresa privada ni lo seremos jamás. Nuestro objetivo no se centra en maximizar beneficios económicos, sino en ofrecer un servicio público de calidad al ciudadano, a quien servimos. Si tuviéramos la meta del beneficio, el Estado, sencillamente, no existiría por ineficiente económicamente hablando.

Y, en último lugar, pero no por ello menos importante, el proceso selectivo debe ser siempre objetivo. El sistema actual, hasta hace bien poco, nunca ha sido puesto en evidencia por su supuesta subjetividad. Sin embargo, en los últimos meses encontramos en prensa numerosas declaraciones de cargos públicos que implican una enorme lluvia de críticas, absolutamente infundadas, sobre nuestros funcionarios y sus procesos selectivos, especialmente en sus cuerpos superiores.

Lo más curioso es que, sin ningún tipo de fundamento, nos asocian a una élite social y a un conjunto de clanes familiares que nos asemeja más bien a la mafia que a otra cosa. Nosotros creemos que la finalidad no es otra que el desprestigio del sistema y de las personas que lo componen para, sobre la base de ese desprestigio, justificar un “supuesto” nuevo sistema de selección mucho más “democrático”, “igualitario”, “inclusivo” y “moderno”, amén de otros manidos calificativos rimbombantes cuyo significado sólo conocen quienes los emplean. ¿Quién se atreverá a oponerse a esos loables objetivos? Nadie.

Sin embargo, al profundizar en esos supuestos sistemas de selección aparentemente infalibles, percibimos, los que ya tenemos una cierta experiencia, un olor a subjetividad y a enchufismo, así como una rebaja radical del nivel de preparación, que resulta bastante insoportable.

Siendo sinceros, no vamos a negar que es obvio que estamos ante un ataque directo a algo tan valioso como es nuestra función pública. Qué obsesión con cambiar las cosas que funcionan bien desprestigiándolas por antiguas, como si tuviéramos que emplear cubos en lugar de ruedas para mover nuestros vehículos porque, al fin y al cabo, la rueda tiene más de 5.000 años.

No nos engañemos, si los servicios públicos no se garantizan con personas que aseguran la excelencia en sus conocimientos, la objetividad en su toma de decisiones y el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad apaga y vámonos. Pueden hacerse, como se han ido haciendo desde su creación, adaptaciones y modificaciones lógicas en los procesos selectivos, pero los cambios radicales ni son buenos, ni son inteligentes, ni deben estar basados en modelos que en otros países o instituciones dicen funcionar mejor, porque, amigos, ya sabemos que Spain is different y esa diferencia representa aquí un enorme peligro.

Ana de la Herrán Piñar, Vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado

Ana de la Herran

El desprestigio como base del cambio en los procesos de selección de la función pública
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