El constitucionalismo, cuyo germen podríamos encontrarlo en la Carta Magna de 1812 -en los tiempos de la invasión Napoleónica-, parió una constitución en 1978 que fue gestada en las cumbres de Gredos, reuniéndose en el Parador sito en dichas montañas los llamados “Padres de la Constitución”.
La transición democrática siempre ha sido, y es, referente internacional de cómo la sociedad decidió establecer una forma de caminar juntos, bajo la figura del Rey Juan Carlos I y gracias al callado esfuerzo de muchos actores (véase Torcuato Fernández-Miranda).
Nos dimos una nueva Constitución, la de 1978, que cual norma suprema del ordenamiento jurídico permitió a España constituirse en un moderno Estado social y democrático de Derecho, según reza su artículo primero.
La Constitución como eje fundamental del ordenamiento, se sitúa a la cúspide del mismo, y es obligación de los cargos públicos guardar y hacer guardar la misma. Esto es, a ellos se les atribuye el deber de garantizar su cumplimiento.
No puede ser obviada esta función pues es expresión de que los responsables políticos deben aplicar la Constitución velando, por tanto, por los intereses generales de los españoles.
Y esta máxima no debe perderse de vista, pues quien gobierna debe realizarlo en beneficio de todos, no de una parte del Congreso, y no en el suyo propio, sino respetando las reglas de juego, esto es el nuevo sistema democrático que, como sociedad avanzada, nos dimos hace ya más de cuarenta años.
Sin embargo, estos días estamos viviendo todo un ultraje al ordenamiento, en el que se hurta a los órganos constitucionales del adecuado ejercicio de sus funciones, al tramitarse de forma exprés cuestiones de gran calado, mediante enmiendas que no han disfrutado de los ordinarios controles y análisis que son aconsejables en democracia.
Se ignoran deliberadamente responsabilidades y se evita la censura y el adecuado debate que el Parlamento debe ejercer cuando de modificar las leyes orgánicas se trata.
La Constitución se sostiene sobre un terreno cada vez más cenagoso. Mientras no se respete la separación de poderes, las Cortes no dejarán de ser el patio de juegos del Gobierno y sus socios, y de la “Pepa”, habremos pasado a una Constitución “Presa”. Presa de las prisas, presa de los intereses de los que quieren acabar con España, y presa del deseo exacerbado de seguir en el poder.
Si queremos aspirar a continuar siendo la nación democrática avanzada que anhelábamos en el 78, debe mantenerse el imperio de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Todos estamos obligados a cumplir la norma fundamental del Estado. Y su garantía de cumplimiento depende no sólo de lo que está escrito en sus artículos, sino de las leyes que los regulan y desarrollan, cual paladines que vigilan su ejecución.
Atónitos estamos asistiendo a cómo se desprotege la democracia para permanecer en el poder, a cómo, cercenando las normas que actúan como garantes de la unidad de España, se abren pasos a la vulneración de la Carta Magna, y a cómo, cambiando el funcionamiento de los órganos judiciales y constitucionales, se abre el camino a refrendar los desmanes que, autoritariamente, se llevan al Congreso con calzador.
Es la hora de los juristas, de los que respetamos y defendemos el Estado de Derecho, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, de los que creemos que las normas están para cumplirlas, los procedimientos para seguirlos, y los que consideramos que la soberanía nacional no se debe ver agitada por las urgencias para conceder favores políticos.
Al común de los mortales en estos días navideños puede que este tema le resbale, le preocupe más quién ha ganado el mundial de fútbol, o a qué destino irá en vacaciones, pero a la vuelta de Navidad que tenga por seguro que, salvo milagro, encontrará un país más débil, menos protegido ante los ataques a su unidad y con una jurisdicción más permeable al poder político fruto de una deriva autoritaria en la gestación de las normas.
Y el milagro para evitar que eso ocurra, únicamente puede venir del propio funcionamiento del sistema, de que el Tribunal Constitucional -la llamada derecha judicial como tan insidiosamente la ha calificado el Presidente del Gobierno- aplique la ley, en este caso la Constitución-, para garantizar que se respeta el ordenamiento jurídico, que el amparo solicitado ante dicho órgano es concedido y que, en suma, el sistema no cae en una sima profunda desde cuyo precipicio puedan oírse las carcajadas de quienes quieren acabar con el mismo.
Afortunadamente, dicho amparo se está concediendo con la decisión del Tribunal, adoptada el pasado lunes 19 de diciembre, de admitir las medidas cautelarísimas solicitadas. Y, en medio de la tensión desatada, el órgano de control constitucional está actuando, jugándose el tipo, defendiendo la utilidad originaria de dicha institución, y garantizando que la democracia no es apremiada a tomar decisiones parlamentarias de forma apresurada, sin cumplirse los procedimientos, poniéndola en un brete.
Esperemos que el posterior desarrollo de los acontecimientos nos confirme que el sistema constitucional que nos dimos en el 78 es un engranaje sólido, robusto y con vocación de permanencia, que garantiza el funcionamiento democrático del país, y que los controles y límites establecidos funcionan adecuadamente como contrapesos a los excesos en los que pueda incurrir cada uno de los poderes del Estado.
Para ello es conveniente reivindicar, una vez más, el papel de los funcionarios públicos que, con su callado trabajo y denodado esfuerzo, contribuyen, de forma imprescindible, a que dichos controles, límites y contrapesos, actúen adecuadamente, respetándose la Constitución y la Ley.
Suerte y feliz Navidad.
AVISO:
Las opiniones de los autores son de carácter personal y no tienen por qué coincidir
con las de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
