El constitucionalismo, cuyo germen podríamos encontrarlo en la Carta Magna de 1812 -en los tiempos de la invasión Napoleónica-, parió una constitución en 1978 que fue gestada en las cumbres de Gredos, reuniéndose en el Parador sito en dichas montañas los llamados “Padres de la Constitución”.
La transición democrática siempre ha sido, y es, referente internacional de cómo la sociedad decidió establecer una forma de caminar juntos, bajo la figura del Rey Juan Carlos I y gracias al callado esfuerzo de muchos actores (véase Torcuato Fernández-Miranda).
Nos dimos una nueva Constitución, la de 1978, que cual norma suprema del ordenamiento jurídico permitió a España constituirse en un moderno Estado social y democrático de Derecho, según reza su artículo primero.
La Constitución como eje fundamental del ordenamiento, se sitúa a la cúspide del mismo, y es obligación de los cargos públicos guardar y hacer guardar la misma. Esto es, a ellos se les atribuye el deber de garantizar su cumplimiento.
No puede ser obviada esta función pues es expresión de que los responsables políticos deben aplicar la Constitución velando, por tanto, por los intereses generales de los españoles.
Y esta máxima no debe perderse de vista, pues quien gobierna debe realizarlo en beneficio de todos, no de una parte del Congreso, y no en el suyo propio, sino respetando las reglas de juego, esto es el nuevo sistema democrático que, como sociedad avanzada, nos dimos hace ya más de cuarenta años.
Sin embargo, estos días estamos viviendo todo un ultraje al ordenamiento, en el que se hurta a los órganos constitucionales del adecuado ejercicio de sus funciones, al tramitarse de forma exprés cuestiones de gran calado, mediante enmiendas que no han disfrutado de los ordinarios controles y análisis que son aconsejables en democracia.
Se ignoran deliberadamente responsabilidades y se evita la censura y el adecuado debate que el Parlamento debe ejercer cuando de modificar las leyes orgánicas se trata.
La Constitución se sostiene sobre un terreno cada vez más cenagoso. Mientras no se respete la separación de poderes, las Cortes no dejarán de ser el patio de juegos del Gobierno y sus socios, y de la “Pepa”, habremos pasado a una Constitución “Presa”. Presa de las prisas, presa de los intereses de los que quieren acabar con España, y presa del deseo exacerbado de seguir en el poder.
Si queremos aspirar a continuar siendo la nación democrática avanzada que anhelábamos en el 78, debe mantenerse el imperio de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Todos estamos obligados a cumplir la norma fundamental del Estado. Y su garantía de cumplimiento depende no sólo de lo que está escrito en sus artículos, sino de las leyes que los regulan y desarrollan, cual paladines que vigilan su ejecución.
Atónitos estamos asistiendo a cómo se desprotege la democracia para permanecer en el poder, a cómo, cercenando las normas que actúan como garantes de la unidad de España, se abren pasos a la vulneración de la Carta Magna, y a cómo, cambiando el funcionamiento de los órganos judiciales y constitucionales, se abre el camino a refrendar los desmanes que, autoritariamente, se llevan al Congreso con calzador.
Es la hora de los juristas, de los que respetamos y defendemos el Estado de Derecho, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, de los que creemos que las normas están para cumplirlas, los procedimientos para seguirlos, y los que consideramos que la soberanía nacional no se debe ver agitada por las urgencias para conceder favores políticos.
Al común de los mortales en estos días navideños puede que este tema le resbale, le preocupe más quién ha ganado el mundial de fútbol, o a qué destino irá en vacaciones, pero a la vuelta de Navidad que tenga por seguro que, salvo milagro, encontrará un país más débil, menos protegido ante los ataques a su unidad y con una jurisdicción más permeable al poder político fruto de una deriva autoritaria en la gestación de las normas.
Y el milagro para evitar que eso ocurra, únicamente puede venir del propio funcionamiento del sistema, de que el Tribunal Constitucional -la llamada derecha judicial como tan insidiosamente la ha calificado el Presidente del Gobierno- aplique la ley, en este caso la Constitución-, para garantizar que se respeta el ordenamiento jurídico, que el amparo solicitado ante dicho órgano es concedido y que, en suma, el sistema no cae en una sima profunda desde cuyo precipicio puedan oírse las carcajadas de quienes quieren acabar con el mismo.
Afortunadamente, dicho amparo se está concediendo con la decisión del Tribunal, adoptada el pasado lunes 19 de diciembre, de admitir las medidas cautelarísimas solicitadas. Y, en medio de la tensión desatada, el órgano de control constitucional está actuando, jugándose el tipo, defendiendo la utilidad originaria de dicha institución, y garantizando que la democracia no es apremiada a tomar decisiones parlamentarias de forma apresurada, sin cumplirse los procedimientos, poniéndola en un brete.
Esperemos que el posterior desarrollo de los acontecimientos nos confirme que el sistema constitucional que nos dimos en el 78 es un engranaje sólido, robusto y con vocación de permanencia, que garantiza el funcionamiento democrático del país, y que los controles y límites establecidos funcionan adecuadamente como contrapesos a los excesos en los que pueda incurrir cada uno de los poderes del Estado.
Para ello es conveniente reivindicar, una vez más, el papel de los funcionarios públicos que, con su callado trabajo y denodado esfuerzo, contribuyen, de forma imprescindible, a que dichos controles, límites y contrapesos, actúen adecuadamente, respetándose la Constitución y la Ley.
Suerte y feliz Navidad.
AVISO:
Las opiniones de los autores son de carácter personal y no tienen por qué coincidir
con las de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
6 comentarios
Ex
Un análisis muy fundamentado
Gracias, feliz Navidad
.
No comprendo que la Asociación difunda cualquier cosa que escriba uno de sus miembros. Aunque, como en este caso, esté redactado desde una posición tan claramente escorada hacia un extremo del espectro politico .
El autor podrá ser Inspector de Hacienda, fontanero o medico. Si no nos lo aclara, no lo sabemos.
Pero de lo que no cabe duda es que milita en una determinada tendencia.
Se puede hablar de lo que habla y cómo lo hace sin mencionar la indigna actitud de Presidente del T. Constitucional, que participa y vota en un asunto que le afecta directamente.??
Se puede hablar de lo que se habla y no hacer la más mínima mención al secuestro a que un determinado partido politico tiene sometido al CGPJ y al mimo T. C???
Yo espero que la Asociación a que pertenezco fuera exquisita en su neutralidad politica.
El blog de la Asociación es un espacio abierto a cualquier asociado que quiera exponer su opinión, aclarar conceptos o desarrollar un tema, no exclusivamente de tipo fiscal, sino en cualquier campo de interés jurídico, económico o social, con los únicos límites del respeto, la educación y que la cuestión en sí revista interés para los asociados.
Precisamente, este post nos ha parecido interesante por su actualidad y por afectar a instituciones fundamentales en nuestro Estado de Derecho.
Obviamente, no todos los asociaciados comparten la misma opinión sobre los temas que se publican pero, precisamente por ello, los comentarios son igualmente abiertos y sometidos únicamente a los mismos límites.
Creemos que ello es acorde con la naturaleza de nuestra asociación, que nos aglutina a todos, con ideas y visiones diferentes.
Por demás -y salvo manifestación expresa al efecto-, como reza la advertencia final, los posts no son indicativos de la opinión de la Junta de Gobierno de la Asociación.
Te agradecemos tu opinión y te animamos a seguir leyéndonos.
Aprovechamos para enviarte un saludo y desearte una Feliz Navidad.”
Muchísimas gracias a la Asociación por la publicación.
Estimado Cosme, me permito indicarle que si lee atentamente el artículo verá que la posición del mismo no es escorada sino hacia la defensa del sistema constitucional que nos ha permitido vivir los cuarenta años de democracia más avanzada de los que hemos disfrutado y que tristemente están al borde del abismo en estos momentos.
Obviamente, usted podrá decir que esto es mi opinión, y así lo es, pero también la de muchos juristas.
Por otro lado, considero que calificar de indigna la actitud del Presidente del Tribunal Constitucional es quizás excesivo, cuando lo que debe de hacer es presidir el TC y ejercer las funciones que le corresponden. Si habla de la norma de fondo, por supuesto que le afecta a él, pero el juicio de constitucionalidad y los efectos de la norma también afectan al resto de magistrados del TC, y a toda la sociedad, por cuanto se trata del cambio del sistema de nombramiento del órgano que debe velar por el cumplimiento de la Constitución.
Y, por cierto, no sólo tenía expirado su mandato el Presidente, sino también otros tres magistrados. No obstante, que tengan el mandato caducado ciertos magistrados, no impide que los magistrados puedan continuar en el ejercicio de sus funciones, véase el artículo 17.2 de la LOTC.
En cuanto a la afirmación del “secuestro” creo que es muy desacertada cuando estamos asistiendo a unas modificaciones en el sistema de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional gestadas de forma apresuradísima sin contar con el consenso de los grupos parlamentarios que representan la soberanía nacional. Y, por otro lado, interponer un recurso de amparo -y que el TC otorgue las medidas cautelarísimas solicitadas- no es ningún secuestro sino el ejercicio de un derecho que gracias a su amparo permite que por dicho Tribunal se examine el sometimiento del procedimiento legislativo al ordenamiento jurídico, pues el imperio de la Constitución y de la Ley nos afecta a todos.
Por su parte, quizás uno de los ultrajes que usted no ha advertido ha sido la supresión del delito de sedición o la modificación del delito de malversación. Tal vez no le parezcan secuestros al orden constitucional que quienes malversan con el fin de alzarse en contra de la misma carezcan de reproche penal y que se insten dichas reformas con tantas urgencias coincidiendo en el tiempo con la aprobación de presupuestos generales del Estado.
Concluyo deseándole feliz Navidad.