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Impuestos y gasto público: dos factores en la lucha contra el fraude

Entre los factores principales que favorecen el fraude fiscal se suele citar: tener una legislación tributaria compleja, pues se ofrece a mayores fisuras por las que escurrirse; la percepción social de que el sistema fiscal es injusto o excesivo; la deficiente dotación de medios para combatir el fraude; y una mala gestión del gasto público.

En consecuencia, pensar que la Agencia Tributaria es la única responsable de la lucha contra el fraude es tener una visión miope del problema. En esta lucha encontramos, por un lado, los diseños infractores sofisticados, que se publican a veces en la prensa; y, por otro lado, eso que llamamos genéricamente economía sumergida (esa que dicen que supone alrededor del 18% del PIB), donde sabemos que participa gente de todas las clases sociales. Aumentando la dotación de personal y medios tecnológicos de la AEAT se harían, como ya se han hecho, notables progresos contra el fraude sofisticado; pero avanzar en la batalla contra la economía sumergida es un proceso más lento, ya que responde a usos y costumbres demasiado arraigados en nuestra sociedad. Estas costumbres se excusan en los diversos factores que he citado al principio; por ello, para corregirlas hay que actuar sobre todos esos frentes.

Frente a la economía sumergida, pienso que es tan importante dotar de medios jurídicos, humanos y tecnológicos a la Inspección de Trabajo como a la Agencia Tributaria, y estrechar la colaboración entre ambos organismos, precisamente porque es un problema que supera lo estrictamente tributario. El menudeo masivo de dinero en efectivo que se mueve entre empresarios y trabajadores de diversos sectores (hostelería, restauración, agricultura, construcción, empleadas del hogar, servicios “con factura o sin factura” …) es difícil de controlar por Hacienda, aunque la gestión del Big data, en que somos una Administración pionera, cada vez ayuda más. Lo suyo es insistir en erradicar ese mundo sumergido, porque, además, distorsiona las cifras reales de desempleo y de ingresos de esos sectores sociales y económicos (ya saben lo que se dice: si fueran reales nuestras tasas de desempleo se habría desatado una revuelta social). Por ello, un verdadero Plan de lucha contra el fraude no debería ser solo el que se aprueba periódicamente en el Ministerio de Hacienda, sino que debe actuar en todos los frentes, aprobándose por el Pleno del Congreso, afirmando la voluntad de todos los partidos, dotándolo de recursos, e involucrando a más ministerios, sobre todo el de Trabajo y el de Educación, intensificando el programa actual de Educación cívico tributaria.

Dicho esto, volviendo a los factores que explican el fraude, ese hipotético Plan debería contemplar también una gestión más eficiente y ordenada del gasto público. Me atrevería a decir que el descontento social con este asunto es el motivo que más influye en nuestro país para que defraude la gente.

Les contaré que, en 2007, ante la crisis que padeció Occidente, el Gobierno danés quiso reducir los impuestos pensando en reactivar la economía; la sorpresa fue que se manifestaron multitudinariamente los daneses en contra de bajarlos, pues pensaban que se deterioraría la calidad de sus servicios públicos. ¿Creen ustedes que sería posible en España una manifestación masiva en contra de que nos bajaran los impuestos? Impensable. El motivo es obvio: aquí no estamos tan satisfechos como los daneses con la manera en que se gasta el dinero público. Denunciamos corrupción, despilfarro, duplicidades de gasto, falta de coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local… y cada vez más, el no estar de acuerdo en que se gaste el dinero en determinadas cosas, y que la falta de disciplina nos haya llevado a niveles de endeudamiento peligrosos, superiores a los de varios socios comunitarios. En definitiva, que muchos españoles tratan de esquivar el pago de sus impuestos porque están hartos de que se gaste tanto y mal.

La prensa del 8 de marzo publicó que, según el estudio del Instituto de Estudios Económicos: “el país podría reducir su gasto público un 14 % (60.000 millones de euros) y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia”. Dos días antes, el experto rebelde de la Comisión de expertos para la reforma fiscal, Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, afirmaba que “no se puede subir impuestos sin plantear un control del gasto público”. Varios artículos de prensa han expresado que la reforma presupuestaria es más urgente que la fiscal. Qué duda cabe, por eso, que los impuestos y el gasto público son dos caras de esa misma moneda que se llama fraude fiscal, y, en consecuencia, es difícil combatirlo si no se pone orden en ambos conceptos conjuntamente.

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A la hora de poner orden, me gustaría animar a la reflexión sobre un vicio presupuestario que empieza a preocuparme, pues al irse consolidando poco a poco, suele pasar desapercibido. Se trata de que, cada vez más, estamos financiando con ingresos públicos gastos que deberían ser privados. Una idea esencial de los sistemas fiscales y presupuestarios es que el dinero público está para financiar las cosas públicas, y no aquellas que corresponden al sector privado (familias y empresas), salvo excepciones obvias.

Primer ejemplo: nadie debería oponerse a que se inviertan sus impuestos en hacer una rotonda de entrada a un municipio, mejorar sus calles y el alumbrado, o restaurar patrimonio histórico. ¿Pero debe concederse subvenciones y deducciones fiscales para que un vecino rehabilite su vivienda?…

Segundo ejemplo: puede aceptarse que se den fondos a la industria del automóvil para que adapte su proceso productivo a la fabricación de vehículos menos contaminantes, por ser de interés social, y siempre que se haga de manera transitoria para permitir su despegue. ¿Pero debe darse ayudas a los particulares para comprar esos vehículos?…; ya se ha hecho eco la prensa de que los modelos eléctricos e híbridos enchufables son caros, y que sólo la gente que vive en chalés suele disponer de red para recargarlos (es decir, que los compran personas de rentas altas); de modo que estamos ante la situación inaudita de que las clases bajas, con sus escasos impuestos, están financiando que los más pudientes compren sus coches; y a los que alegan motivos ecológicos, les pregunto ¿qué subvención habría que dar entonces al que renuncia a utilizar coche para ir a trabajar en transporte público o en bicicleta?

Tercer ejemplo: la inversión en investigación es esencial para el crecimiento; por eso debemos apoyar que se destinen fondos a los institutos públicos que la realizan, sobre todo cuando se centran en proyectos que no interesan al sector privado (CSIC, Universidades, Organismo de lucha contra el cáncer, etc.). ¿Pero debe haber subvenciones y deducciones fiscales para la I+D+i de las empresas privadas? innovar es una función intrínseca de cualquier empresa para sobrevivir en el mercado, que debería acometer sin necesidad de ayudas.

Cuarto ejemplo: el bono cultural a los jóvenes de 18 años…; solo habría faltado añadir “y que su apellido comience por la letra B”.

No tengo un criterio definitivo sobre estas partidas presupuestarias; solo pretendo que se reflexione sobre su conveniencia. Si fuéramos un país rico donde los servicios públicos básicos funcionaran perfectamente, aún se entenderían estas ayudas privadas, pero, cuando la calidad de la sanidad pública y la educación todavía es deficiente, y se avecina un panorama oscuro para el sostenimiento de las pensiones, deberíamos plantear un consenso sobre las prioridades de gasto, concretar lo que se debe y lo que no se debe financiar con los Presupuestos, y recogerlo con precisión en la legislación presupuestaria.

Es un sentir popular que media España vive subvencionada y todos conocemos a alguien que recibe ayudas de algún tipo, si no somos nosotros mismos. Para colmo, 2023 es año de elecciones… con lo que gusta a los políticos prometer gasto. Es necesario concienciarse de que en la gestión del dinero público no vale todo. Guste o no guste, este debate vamos a tener que abrirlo en algún momento, más pronto que tarde, renunciando a gastos que, o son cuestionables, o no son prioritarios. Otro vicio, por cierto, es pensar que todos los problemas se solucionan con dinero, cuando la situación de ciertos sectores con apuros se arreglaría mejor utilizando el Boletín Oficial del Estado (legislando bien) que con los Presupuestos Generales del Estado.

Un país prospera cuando consigue poner orden en medio del caos: orden en su mercado laboral, orden en su gasto público, y orden en su sistema tributario, inculcando honradez en el pago de los impuestos. No sé si algún día llegaremos a estar tan satisfechos con nuestro sistema como están los daneses… ¡Pero, ánimo!… los españoles, no sé cómo, siempre acabamos saliendo de éstas.

José Bescós Cano, Inspector de Hacienda del Estado

*Las opiniones de los autores que publican en «NOSÓLOIMPUESTOS» son de carácter personal y no tienen por qué coincidir con las opiniones de IHE.

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Jose Bescós Cano

Inspector de Hacienda del Estado, Delegación Central de Grandes Contribuyentes

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