El proyecto de Ley de Función Pública incluyó una controvertida disposición adicional séptima en función de la cual el Gobierno se da un periodo de gracia de seis meses para poder abordar a su antojo las reestructuraciones internas en la plantilla de la Administración del Estado que considera oportunas sin necesidad de respaldo legislativo alguno. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha aprovechado esa ventana de oportunidad abierta por el Ministerio de Hacienda para tratar de cumplir con un viejo compromiso con los técnicos de Hacienda del Estado y promover mediante una enmienda a la ley su promoción directa y sin necesidad de examen alguno a la condición de cuerpo superior de la Administración del Estado, con las responsabilidades y las mejoras retributivas que ello conlleva.
